El 1 de enero del 2012, la fecha que se recordará si nadie lo remedia y el sentido común no se impone con libertad, por ser la fecha que marcó la entrada en vigor de la ley anti-taurina votada por dos de los grandes partidos de esta tierra, sin que su prohibición se presentara públicamente en su agenda electoral, alegando como excusa una ILP de 50.000 firmas contabilizadas, lo que supone un total del 0,96% del electorado catalán. Una tierra de acogida y de progreso como Cataluña, no es el 0,96% de su electorado, y menos aun el 0,66% del total de su población, lo que define con claridad las intenciones de los políticos por romper lazos de unión entre españoles, por medio de un sueño trasnochado de identidad diferencial, el cual imponen por imperativo legal, de forma deleznable a base de prohibiciones dictatoriales. Si este discriminado recorte de libertades se lleva a cabo, no duden ni un segundo, que será el principio de la decadencia de la tierra que sirvió en muchas ocasiones de espejo público de España, y pasará a convertirse en el sueño de políticos iluminados por una desmedida ambición de poder hegemónico, sin importarles lo más mínimo que la convivencia tiene una base indivisible de respeto y libertad, que por supuesto debería amparar a los taurinos también, por pocos que estos sean, ya que se tiene que gobernar con respeto para todos.